Ley nacional que fija los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conducen a las soluciones alternas previstas en la ley procesal. Define tres mecanismos: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, esta última con participación de la víctima, la persona imputada y, cuando corresponde, la comunidad, para acordar cómo atender necesidades y responsabilidades individuales y colectivas. Sirve a fiscalías, órganos de mecanismos alternativos, defensorías y personas facilitadoras de todo el país.