Norma dictada el 25 de agosto de 1980 por el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las atribuciones del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, que estableció el régimen penal aplicable a los menores incursos en delitos. En su texto original no era punible quien no había cumplido catorce años ni, hasta los dieciocho, quien cometía delitos de acción privada o con pena de hasta dos años, multa o inhabilitación; la autoridad judicial podía disponer definitivamente del menor. La Ley 22.803 la modificó y la Ley 27.801 la derogó.