Analiza los problemas procesales que plantea aplicar la mediación penal en España: qué delitos pueden derivarse, qué autoridad decide la derivación, en qué fase del proceso se realiza y cómo se incorpora el resultado al procedimiento. Observa que, pese a la transposición de la directiva europea sobre protección de las víctimas y a dos propuestas de reforma procesal, la ley no da respuestas satisfactorias. Sirve a jueces, juezas, fiscales y a quienes diseñan programas de mediación y deben justificar su encaje legal.