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Resumen
Reglas aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008 y actualizadas en 2018, que fijan cómo garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Definen a quiénes protegen (por edad, discapacidad, pertenencia a pueblos indígenas, victimización, migración y refugio, pobreza, género, privación de libertad, entre otras situaciones) y a quiénes se dirigen, y detallan medidas sobre asistencia legal, derecho a intérprete, información, comprensión de las actuaciones y medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos la mediación y las formas restaurativas de los pueblos indígenas. Sirven a los poderes judiciales, los ministerios públicos y las defensorías.